Lo que el terremoto se llevó y la Iglesia quiere recuperar

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14 de marzo de 2010

Templos históricos quedaron en el suelo . Levantarlos demanda recursos que la institución no tiene, dicen los protagonistas.

Daniela Silva y Víctor Soto
Está choqueado. La fuerza de la naturaleza golpeó al 97,1% de los templos rancagüinos. Sólo dos quedaron indemnes. "Esto nos sobrepasó absolutamente. No tenemos posibilidad de reparar todo", lamenta monseñor Alejandro Goic, obispo de Rancagua. Levantarlos es cruzada titánica: para restaurar o reconstruir -según el nivel de los daños-, necesita poco más de US$ 38 millones para su diócesis. Mientras que en Santiago, "una primera aproximación es que requerimos unos US$ 20 millones para poder remediar todo, desde grietas hasta edificios totalmente destruidos. La Iglesia no tiene seguros, así que el dinero deberá provenir de donaciones. Habrá que pedirle a las personas que reconozcan el valor de esta institución y la inmensa labor que realiza", apunta también monseñor Fernando Chomali.



El antes y después, iglesia de San Antonio del Mar de Barraza.


"Hay que proteger los bienes de los templos dañados", dice Krebs. Así se vio en la Parroquia San José de Pintué.

Pesadilla que la Iglesia Católica sufre en todas las regiones afectadas desde la madrugada del 27 de febrero. Después de otros terremotos en Chile, ha primado la urgencia de retirar escombros o, picota en mano, de arrasar con todo edificio seriamente dañado. En 1985 de eso se salvó, sólo por citar un caso, la iglesia de la Divina Providencia. Pero muchos templos no han corrido la misma suerte. Ahora, 25 años después, había que actuar rápido. "Nuestro patrimonio podría representar el 75% del total nacional. Para recuperarlo publicamos un instructivo con acciones a seguir", precisa María Elena Troncoso, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Bienes Culturales de la Iglesia, presidida por el padre Gabriel Guarda. Y, por su parte, Ayuda a la Iglesia que Sufre (AIS) ideó, junto al arquitecto Gonzalo Mardones, una capilla de emergencia resistente al agua y de fácil montaje. "Caben 100 personas, y, aunque son provisorias, tienen misterio y ambiente religioso", dice el padre Joaquín Alliende. Magdalena Krebs, directora del Centro Nacional de Conservación y Restauración, cuenta: "Nos alegramos al constatar la prontitud con que actuó la Iglesia. La experiencia dice: en un plan de recuperación hay que hacer un buen diagnóstico, proteger lo que se salvó y ver cómo recuperar el edificio. El CNCR está disponible para asesorar". Tal como el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), cuyo secretario ejecutivo, Óscar Acuña, agrega: "Desde el terremoto hemos recorrido zonas afectadas e informado a la Iglesia. Tenemos que trabajar juntos".

Una ayuda infinitamente agradecida es la única que encaminará bien las reparaciones. Pero sólo se trata de la primera estación del largo vía crucis que vivirá la Iglesia. Monseñor Goic habla del primer obstáculo: "Muchos párrocos tienen como urgencia dónde atender a sus fieles. Aunque un templo sea humilde, es sitio de consuelo y esperanza. Es grande la tentación de destruir ante daños graves, cuando una reconstrucción puede demorar años y ser muy costosa. Los obispos tenemos la responsabilidad de hacer ver que acciones apresuradas pueden tener gran costo patrimonial y espiritual. Demoler un edificio tiene consecuencias profundas: en él está la historia de un pueblo. Hay que recuperarlos y por ahí va nuestro camino", asegura Chomali. No obstante, agrega: "Hay que reconocer que la mantención de los templos es bastante inferior o casi nula, respecto de la que necesitan. No tenemos los recursos para hacerlo, ni ayuda sistemática de alguna institución". El presupuesto es la segunda estación.

¿Cómo conseguir apoyo? Algunos piensan recurrir al sector privado o a fondos concursables del Estado, otros aluden al deber nacional. "Este terremoto evidenció que la Iglesia ha debido arreglárselas sola con su patrimonio. Ahora hay que tomar medidas serias de reconstrucción y el Estado no debe lavarse las manos: la fe es parte de nuestro ser nacional", enfatiza el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González. Y monseñor Ricardo Ezzati, arzobispo de Concepción, apela a una visión integral: "El Estado, que busca el bien común, debe buscar el bien espiritual".

El Estado no tiene obligaciones con la Iglesia, y viceversa. Pero ante la catástrofe, expertos comentan que podría haber excepciones. Partió Nivia Palma, desde la Dibam, sugiriendo a las próximas autoridades redestinar recursos de Cultura y Educación en pos de recuperar el patrimonio. "Debiera implementarse una normativa equivalente a la Ley Reservada del Cobre, para destinar recursos al cuidado del patrimonio nacional. También, fijar un nuevo sistema para que el sector privado tenga beneficios reales. La Ley Valdés poco permite", sugiere Marta Cruz-Coke, ex directora de la Dibam.

¿Caridad parte en casa?

En la Iglesia existe consenso: priorizan suplir necesidades básicas -como libros de catequesis o alimentos-, antes de reparar una viga o un muro que a simple vista se ve bien. No tienen formación sobre patrimonio. "Quizás debemos hacer un mea culpa : no hemos aprendido. Por suplir lo urgente, dejamos al templo para adelante", confiesa monseñor González. Mientras Ezatti considera que el terremoto marcó un quiebre. Está optimista: "Aprenderemos de esta crisis. Este sismo nos dio muchas lecciones, hay que aprovechar".

Monseñor Donoso, un modelo a seguir para salvar el patrimonio
Un terremoto de 6,8 grados Richter sacudió la IV Región en 1997. Fue devastador. Además de 55 mil damnificados y 24 mil casas deterioradas, el patrimonio eclesiástico quedó bastante afectado con 72 iglesias dañadas. Ahí, el arzobispo de la región, monseñor Manuel Donoso, recibió del Papa Juan Pablo II cerca de $22 millones, como ayuda para reconstruir (se necesitaban unos $1.200 millones).

Ante la catástrofe, lo primero fue defender lo que otros querían demoler, tal como recomendó el padre Gabriel Guarda", recuerda Donoso. Lo segundo: pedirle a Fundación Andes una inspección técnica para definir las iglesias de mayor valor histórico. El primer problema llegó cuando querían reconstruir algunas de ellas: "El Estado sólo pudo aportar $25 millones". Monseñor Donoso emprendió una larga travesía, buscando quién podía apadrinar, al menos, a las iglesias más importantes. Así, la de San Antonio del Mar de Barraza -Monumento Nacional- logró ser restaurada entre la Iglesia y el Centro Nacional de Conservación y Restauración de la Dibam. Lo mismo pasó con la iglesia de Montegrande. Y la de San Vicente de Ferrer, fue reparada por una fundación y su restauración terminó gracias al aporte de Guillermo Luksic. Pero todavía cerca de 10 iglesias necesitan reparación. "La de Ñialqui espera desde el terremoto del 43". Otras podrían restaurarse pronto: "Intentamos obtener fondos del BID", dice Donoso.