viernes, 9 de diciembre de 2011

Chile pierde su patrimonio genético, fuga de Material vegetal y microbiano

www.emol.com
lunes 5 de diciembre de 2011





Chile está dando la pelea con Australia por el registro de la murtilla.

La murtilla, el pepino dulce y hasta un hongo de Isla de Pascua, son parte de las especies nacionales sacadas del país y patentadas en el extranjero. Con esto Chile pierde parte de su patrimonio genético. Urge promover una ley de acceso a recursos genéticos y ratificar tratados internacionales, para lo que hay plazos fatales.

Martina Salvo de o.



El hongo streptomyces hygroscopicus, originario de Isla de Pascua, secreta una sustancia -la rapamicina- que disminuye los rechazos en pacientes trasplantados. Sin embargo, no está registrado en Chile, sino que en Canadá. Por ello, los derechos que se cobran van a bolsillos canadienses, sin dejar un peso en los de los chilenos. Y se producen paradojas como que hace algunos años un pascuense que lo necesitaba, no pudo acceder a éste porque no pudo pagarlo.

Algo parecido le pasó a la alstroemeria o lirio del campo, flor de múltiples colores con pétalos largos y decorados, que tiene la mayor parte de su familia botánica en Chile. Hace algunos años alguien la llevó a Holanda, la registró y hoy recibe los royalties que se pagan por cultivarla en el resto del globo. Lo mismo pasó con el bromo, una forrajera sureña que fue registrada por neozelandeses.

Y la cosa no para ahí. Porque la misma suerte podría correr el pepino dulce chileno, amenazado de ser patentado en Israel, y la murtilla, apetecida por su aporte nutricional y de antioxidantes, que ya fue sacada del país y está registrada, al menos comercialmente, en Australia.

Esos son los más conocidos. Pero quién dice que la salida de este patrimonio genético nacional, que algunos catalogan de piratería, no puede afectar también a especies con potencial como la carica (papaya), la cepa vinífera Pedro Jiménez, el maqui o el calafate.

Es que sin que los chilenos se den cuenta, o en ocasiones, sin que parezca importarles, instituciones, empresas y universidades de distintas partes del planeta, se están apropiando de ellas y quedándose con el rescate.

No tienen un parche en el ojo ni garfios en lugar de mano. Y en vez de andar en barcos, se desplazan en avión, pero, siguen siendo una especie de piratas del siglo XXI. Son organizaciones o personas que conscientes de la riqueza del patrimonio genético vegetal y microbiano de los países, cruzan fronteras buscándolos y, con la excusa de estar ampliando una base de datos de germoplasma o estar investigando sin fines de lucro, muchas se llevan tesoros genéticos de los países. Ya en sus laboratorios, analizan el potencial de esas especies, las multiplican, desarrollan variedades y las patentan como propias, cobrando luego suculentos royalties por el derecho a usarlas.

A los dueños originales, sus tierra originarias, sólo les queda el recuerdo.

Y en esos niveles el interés por Chile es tremendo.

Al estar aislado por mar, por hielo antártico y por la cordillera, se ha generado de forma natural un entorno protegido donde abundan especies en su estado original. Sin embargo, en el país escasean las políticas que protegan estas especies. Y así, la falta de políticas modernas que protejan ese patrimonio genético, lo deja tremendamente vulnerables.

"Hoy el 80% de las especies chilenas está en peligro por esa situación de piratería", anticipa Ivette Seguel, experta en mejoramiento genético del INIA.

De ahí la necesidad urgente de contar con una ley de acceso a recursos genéticos, y ratificar tratados como el de los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la Agricultura de la FAO, para poner armadura a los tesoros del país.

El atractivo del sur del mundo

Según cifras de la Fundación Sociedades Sustentables, el 85,5% de la flora que hay en el país es originaria, siendo el 44,6% endémica (presente sólo en Chile) y 40,9% nativa (lo que significa que están en territorio nacional, pero también en otros países). En total se registran unas 6.265 especies de plantas.

"Hay tanta variabilidad genética, recursos vegetales, microbianos y acuáticos, que no sabemos cuántos son o siquiera dimensionamos su tremendo potencial", explica Seguel, quien además es una de las creadoras de las variedades de murtilla patentadas por el INIA.

Pese a tener un oasis de especies, lo registrado como made in Chile es mínimo.

Según información entregada por el Registro de Variedades Protegidas del SAG, de un universo de 702 especies (entre frutales, forestales, agrícolas y ornamentales), sólo 86 están registradas por Chile. Lo demás pertenece a organizaciones y compañías de EE.UU., Canadá, Nueva Zelandia, Israel, Sudáfrica, China y países europeos.

Las últimas fugas

Se dijo que era un ladrón, un Judas, un sinvergüenza. A Bernard Jenni, chef australiano se le acusó hace unos años de llevarse escondidas unas matitas de murtilla desde Chile, multiplicarlas y patentarlas en Australia... Sin embargo, era inocente.

Resulta que los responsables de que hoy la murtilla esté patentada en Australia y EE.UU. como baya de Tasmania (como fue registrada allá), habrían sido chilenos que migraron a Melbourne en los años sesenta, llevándose el arbusto en las maletas para recordar un pedacito de Chile.

Jenni ni siquiera había pisado suelo chileno. Sólo sería culpable por probar la fruta, haberse maravillado con su sabor y, viendo su potencial, de haberla propagado.



Hoy el INIA, que viene mejorando variedades de murta desde hace 15 años y tiene dos registradas -la red y la south pearl de INIA-, está dando la pelea por demostrar que la especie es chilena.

Quizás la historia podría terminar con final feliz, ya que la patente de Australia estaría registrada como marca comercial para el desarrollo de productos como té, helados y condimentos, pero no incluiría la protección de la planta y sus variedades.

Está por verse la situación del pepino dulce, el que en Israel están trabajando para el desarrollo de una súper fruta con bajas concentraciones de azúcares para diabéticos; o de la calceolaria andina, planta nativa de la cual científicos estadounidenses lograron obtener un potente insecticida natural.

También hay antecedentes de que la flor silvestre leucocoryne, la avellana chilena, y el canelo, están siendo analizados afuera. Ni hablar de la frutilla fragaria chiloensis o de las papas ­-que según se sabe habrían llegado a Europa procedentes del Nuevo Mundo, durante las hambrunas que afectaron a ese continente en los años cuarenta-, llevadas hace tanto que hoy nadie relaciona con Chile.

Algunas empresas ya comienzan a tomar conciencia del peligro. "Después de un par de años de éxito comercial con productos como las papayas (caricas) o peritas enanas, vemos el riesgo de réplica, y estamos analizando cómo protegernos", revela Daniel Vitis, gerente general de Tamaya Gourmet.

Y es que las sustracciones están a la orden del día.

La Fundación Sociedades Sustentables acusa que se habrían llevado algunas variedades de porotos para mejorar semillas en Francia y EE.UU.; o que en la base de datos del Royal Botanic Garden de Edimburgo, hay una colección de flora nativa chilena con alrededor de 10% del patrimonio genético real del país. La salida también se daría a nivel humano, como con el proyecto Human Genome Diversity Project, que recopiló muestras de sangre, cabello y uñas de mapuches, huilliches, yaganes y kawaskar.

E incluso a nivel microbiano, como el del hongo pascuense.

"Hay un montón de fugas. Pasó con cepas de Isla de Pascua que ayudaban a controlar el envejecimiento, o los rechazos en trasplantes o con material de Tierra del Fuego, capaz de crecer a bajas temperaturas. Me molesta que el país no se preocupe por guardarlo ni conservarlo", indica Andrés France, experto que viene trabajando hace 16 años el tema de la genética microbiana en el INIA.

Y la posibilidad de que esto aumente es grande. La creciente demanda por una agricultura más limpia, que prefiere el control biológico frente al químico, abre un mundo de posibilidades para lo que tenga que ver con microorganismos para el control natural de plagas.



Una Ley propia

Durante cinco años, Ivette Seguel participó de un grupo de trabajo del Minagri para elaborar un documento orientado a promover una ley de acceso a recursos genéticos, que permitiría resguardar las especies chilenas, independiente de si están o no registradas por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG (ver recuadro).

En ese escenario ideal, si una institución extranjera registrara especies chilenas y obtuviera ganancias por ellas, los retornos chorrearían a Chile.

Hoy la realidad es distinta. Si una institución de afuera patenta una especie chilena, el país no recibe ningún beneficio.

Aunque la iniciativa se trabajó en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, con el cambio de gestión quedó en stand by.

"Distintos países están mirando a Chile como depósito de recursos. Es responsabilidad del Estado de Chile protegerlo, pero hoy no hay leyes en esa línea", explica Ivette Seguel.

Se insiste en que en este tema se debe tener visión de futuro, con mayor conciencia y trabajo desde las autoridades.

"El tema debe ser abordado como política de Estado y tiene que ver con el acceso a los recursos genéticos del país", sostiene Belfor Portilla,ingeniero agrónomo, ex consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la CEPAL .

Y Chile está atrasado respecto al resto de la región en el resguardo del patrimonio interno. Países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, además de contar con regulaciones propias, firmaron un pacto andino con una norma de acceso a recursos genéticos.

Aunque no ha sido fácil de llevar porque hay variables que definir como el valor del recurso, si se paga la semilla o el producto, si lo definen las comunidades indígenas, entre otros, es un paso que Chile debiera dar, insisten los expertos.

También los 15 países más ricos en biodiversidad, que concentran el 70% del patrimonio a nivel mundial, entre los que se encuentran México, Colombia, Brasil, Costa Rica, Perú, Filipinas, China e India, formaron el Grupo de Países Megadiversos Afines para resguardar sus tesoros genéticos.

En Chile recién se estaría trabajando en un par de proyectos en esa línea, pero que algunos cuestionan, porque no ha contado con la discusión de todas las partes.

"Se está desarrollando entre cuatro paredes", dice María Isabel Manzur, de la Fundación Sociedades Sustentables.

Falta ratificar los tratados

En materia internacional, un tema pendiente es la ratificación del Tratado Internacional de recursos fitogenéticos de la FAO, que entró en vigor en junio del 2004.

En esencia, el tratado autoriza a los países firmantes a intercambiar información genética; por ejemplo, a nivel de germoplasma, como una especie de club de Tobby donde sólo se prestan material a quienes hayan firmado.

Si un país en desarrollo necesita ayuda para mejorar una especie fundamental, como por ejemplo trigo, puede pedir material genético a Australia y EE.UU., que están en el grupo.

A la fecha más de 70 países han ratificado dicho documento, Chile aún no.

"Los mejoradores se quejan y dicen fui a la Universidad de Davis a pedir germoplasma y no me lo pasaron. Eso es por el tratado, tenemos que ratificarlo ya", explica Seguel

Otra propuesta para fortalecer el resguardo sería ratificar el Protocolo de Nagoya. Nacido en octubre del 2010, es el esfuerzo más ambicioso realizado en la línea de entregar beneficios a las comunidades locales, y para fortalecer la conservación y biodiversidad del país de origen.

Además, el Protocolo viene con un certificado bajo el brazo para los suscritos. Si, por ejemplo, un particular gringo quisiera patentar una variedad de canelo chileno en Estados Unidos, el país le exige un certificado donde esté claro que el país de origen -en este caso Chile- le dio el permiso.

Febrero de 2012 es el último plazo para ratificarlo, así que habría que ponerse las pilas.

"Es indispensable la formulación de un futuro cuerpo legal sui géneris, orientado a brindar los adecuados resguardos al acceso del patrimonio genético asociado al valioso aporte histórico de los pueblos originarios", sostiene Portilla, ex jefe nacional de Insumos Tecnológicos del INIA.

En el tema microbiano, Andrés France del INIA sostiene que sería clave adherir al Tratado de Budapest, sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos, para proteger los recursos nacionales.

Legislar en torno a los tesoros genéticos vegetales y microbianos sería fundamental a nivel estratégico y de soberanía alimentaria. Querer ser potencia más allá del eslogan, implica asegurar mucho más que volúmenes y la venta de la fruta que esté de moda.

El INIA tiene más de 200 variedades generadas, casi el 70% de las chilenas del país.


Desarrollar una variedad de fruta puede costar, además de varios años de trabajo, entre 300 mil dólares y hasta un millón de dólares en el caso de especies como los arándanos, una suma considerable para cualquier cristiano, sea Estado o empresa.

¿Qué pasa con UPOV 91, los obtentores y el CDB?
La protección de los derechos de Propiedad Intelectual de las Obtenciones Vegetales (el obtentor es la entidad que inscribe la planta en el registro del SAG), es uno de los tres grandes componentes aceptados internacionalmente para la protección de la Propiedad Intelectual (junto a los Derechos de Autor y de la Propiedad Industrial).

A nivel internacional el marco regulatorio está definido por las convenciones UPOV 78 y UPOV 91 (sigla en Francés de Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales).
Chile adhiere a la primera, promulgando la Ley 19.342. Hoy se está tratando de avanzar en la UPOV 91, que reemplaza a la anterior. Pero no todos los sectores están de acuerdo con su aprobación.
"No sería conveniente adherir porque protege a los mejoradores de semillas, pero no a comunidades locales", explica María Isabel Manzur.

Mientras las variedades se pueden registrar para la protección del derecho del obtentor, las especies endémicas se inscriben de acuerdo a lo que establece el Convenio de la Biodiversidad (CBD) del cual Chile es miembro desde 1995.

"Pero hasta la fecha no existe legislación que implemente un régimen de acceso y participación en los beneficios", reconocen en la división de Semillas del SAG.

Robos emblemáticos en el mundo

* El árbol de Neem en India: utilizado hace siglos por sus propiedades medicinales, vivió un fallo histórico el 2000. Ese año revocaron la patente de W.R. Grace y del Minagri de EE.UU.

* Células indígenas: en 1998, muestras de sangre del pueblo de Hagahai de Nueva Guinea, con células resistentes
a la leucemia, fueron patentadas por EE.UU. Un fallo internacional lo revocó.

* Poroto amarillo de México: Larry Proctor, de la firma Pod Ners de Colorado, compró porotos en 1994 en México. Cinco años después obtuvo sus derechos y quiso cobrar a las empresas mexicanas por su uso. El proceso está siendo visto por la justicia.

* Quínoa de Bolivia: Dos investigadores de la Universidad de Colorado obtuvieron en 1994 una patente sobre algunas plantas. Viendo el peligro, la Asociación Nacional de Productores de Quínoa de Bolivia dio la pelea y logró revocarla.



La pillería del chileno
"Nos quejamos de que nos roban, pero el 90% de lo que usamos en la agricultura son especies y variedades extranjeras. Por plantar trigo, forrajeras, manzanas, y arándanos, por dar algunos ejemplos, en general no pagamos un peso a nadie. Si queremos seguir haciendo más y más competitiva nuestra agricultura y ser potencia, tenemos que mejorar eso", explica Ivette Seguel. Solo el INIA pierde entre medio millón y un millón de dólares al año, por el uso que los agricultores hacen sin pagar por el uso de semillas registradas.

Paso a paso para registrar en el sag

La División de Semillas del SAG es la responsable de registrar variedades Cualquier empresa, institución o universidad puede acercarse para realizar el proceso. Para ello hay que llenar la solicitud de inscripción en el Registro de Variedades Protegidas, que está en el sitio web del SAG, acompañada de un poder legalizado, la descripción morfológica de la variedad, el certificado de inscripción del país de origen y una muestra. Además hay que pagar el costo (44 UTM para forestales, frutales y vides; y 5 UTM para variedades agrícolas y ornamentales -más 0,5 anual y 6 UTM adicionales-). Para aprobarlas, el SAG hace ensayos que certifiquen que la especie sea distinta. Si todo va bien, en 6 o 7 meses se puede lograr el registro de la variedad provisoria, la cual ya se puede comercializar. Las variedades se protegen entre 15 y 20 años, tiempo en el cual se paga un royalty al obtentor por su uso.

Martina Salvo de o..

---

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada